Diecisiete gobernadores, reunidos en la Federación Nacional de Departamentos (FND), acordaron no implementar en sus territorios el decreto de emergencia económica expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La medida, actualmente bajo revisión de la Corte Constitucional, generó un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y las regiones.
Los mandatarios regionales decidieron de manera unánime no aplicar la normativa, al menos en lo referente a los impuestos a tabacos y licores. Además, anunciaron que presentarán una intervención ante la Corte Constitucional para exponer los efectos de la medida en las finanzas regionales y estudian interponer acciones de tutela individuales. La FND preparará un documento jurídico para respaldar esta decisión en cada departamento.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, argumentó que la emergencia económica afectará los ingresos de las regiones, fundamentales para sectores como salud, educación y deporte. “El cigarrillo por efecto del contrabando, que en muchos casos vienen de grupos ilegales, está redistribuyendo las rentas y eso hace que ni siquiera tengamos recursos para pagar la Adres con el régimen subsidiado”, señaló.
Durante la reunión, el ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó la postura de los gobernadores. Afirmó que “es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley” y los acusó de incurrir en “prevaricato” y “usurpar las funciones” de la Corte Constitucional, único órgano competente para revisar el decreto. Benedetti advirtió que los mandatarios podrían responder con sus patrimonios por los impuestos que se dejen de recaudar.
