La escalada de violencia en el Catatumbo, que comenzó el pasado 15 de enero con el brutal asesinato de una familia en Tibú, ha dejado un saldo alarmante: 54 mil desplazados, 30 mil confinados y al menos 60 muertos oficialmente reportados, aunque extraoficialmente se habla de 120 víctimas.
Los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC continúan, especialmente en Tibú, donde la población vive en zozobra. La crisis ha paralizado el comercio y ha impedido el retorno a clases. Mientras tanto, las autoridades locales denuncian el abandono del Gobierno Nacional, afectado por recientes cambios en el gabinete.
Las ONG y organismos regionales han enviado 370 toneladas de ayudas, pero no son suficientes ante la magnitud de la crisis. Además, se han denunciado reclutamientos de menores por parte de los grupos armados, con casos de niños entre y 12 y 15 años entregándose a las autoridades.
Ante el panorama, líderes locales advierten que la propuesta de conmoción interior pierde fuerza y que la falta de seguridad impide a las familias regresar a sus hogares. La incertidumbre crece mientras la violencia sigue sin control en esta zona del país
