Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, máximo cabecilla de la estructura criminal La Inmaculada, fue trasladado este miércoles a una estación policial en Bogotá como paso previo a su extradición a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcotráfico. Su salida marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en Tuluá, municipio que por años sufrió bajo el yugo de esta banda dedicada al microtráfico, extorsión y control de instituciones locales.
Claves del proceso
El Ministerio de Defensa confirmó que la extradición responde a una solicitud formal de Washington, donde Marín enfrentará procesos por tráfico internacional de drogas. El sujeto, capturado en 2023, continuó dirigiendo sus operaciones desde La Picota, según investigaciones que revelaron su injerencia en:
- Cooptación de la Secretaría de Transporte de Tuluá.
- Redes de reclutamiento de menores para el narcotráfico.
- Ordenamiento de al menos 18 homicidios en los últimos dos años.
Fracaso de negociaciones
El anuncio cierra cualquier posibilidad de diálogo con La Inmaculada, pese a que en junio de 2023 Pipe ofreció un “inventario” de armas y la desvinculación de 120 menores a cambio de beneficios jurídicos. Funcionarios locales como Robert Posada, secretario de Desarrollo Institucional, rechazaron tajantemente estos intentos: “No podemos glorificar a quien destruyó cientos de familias”, declaró a este diario.
Retos de seguridad
La extradición ocurre horas después de que la banda incendiara cuatro vehículos en represalia, lo que obligó a las autoridades a decretar toque de queda nocturno en Tuluá, prohibir el transporte en motocicleta y desplegar 300 efectivos adicionales.
Autoridades identificaron a alias Caregallo y Nacho como posibles sucesores. La Policía Nacional mantiene operativos en 7 municipios del Valle para desarticular posibles grupos organizados afines al extraditado
Impacto internacional
El caso refleja la estrategia binacional contra narcotraficantes que operan desde prisiones. Según el Departamento de Estado, Pipe Tuluá exportó más de 3 toneladas de cocaína a EE.UU. entre 2020-2022, con ganancias que superaron los USD 12 millones.
Mientras el gobierno de Petro celebra la medida como un golpe al crimen organizado, habitantes de Tuluá expresan escepticismo: “Esto no acabará con La Inmaculada, solo cambiará de manos”, advirtió un comerciante que pidió anonimato por temor a represalias. La Corte Distrital de Florida será la encargada de llevar el proceso contra Marín, quien podría enfrentar cadena perpetua según fiscales estadounidenses.
