Los principales órganos de control del Estado colombiano emitieron un contundente pronunciamiento conjunto para rechazar la orden de captura girada por autoridades guatemaltecas contra la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón y el exministro de Defensa Iván Velásquez, calificando la medida como un “acto de retaliación” por su lucha anticorrupción.
La raíz del conflicto judicial
La Sala Tercera de Apelaciones de Guatemala ordenó la captura de ambos funcionarios el 2 de mayo, acusándolos de presunta participación en acuerdos ilegales con la constructora Odebrecht durante su trabajo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) entre 2014 y 2017. Las acusaciones incluyen delitos como asociación ilícita, colusión y obstrucción a la justicia.
Sin embargo, las entidades colombianas —entre ellas la Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo— destacaron que tanto Camargo como Velásquez gozaban de inmunidad diplomática durante su labor en la CICIG, amparada por tratados internacionales.
¿Represalia por casos emblemáticos?
El pronunciamiento señala que la orden podría responder al histórico trabajo de ambos funcionarios en el caso “La Línea”, que en 2015 derribó al entonces presidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos condenados por corrupción. Este proceso generó fuertes tensiones políticas que llevaron a Guatemala a expulsar a Velásquez en 2017.
El actual fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, quien solicitó las capturas, fue incluido en 2022 en la Lista Engel de EE.UU. por “obstruir investigaciones anticorrupción”. Washington lo acusa de perseguir a jueces y periodistas que colaboraron con la CICIG.
Postura de Colombia
En el comunicado conjunto, los organismos de control:
- Respaldan la integridad de Camargo y Velásquez, recordando su trayectoria intachable.
- Advierten sobre riesgos al Estado de derecho internacional.
- Exigen garantías para que funcionarios anticorrupción no sean judicializados por su labor.
Este caso reaviva el debate sobre la persecución a exmiembros de la CICIG, una comisión respaldada por la ONU que entre 2007 y 2019 desarticuló más de 70 estructuras criminales en Guatemala. Mientras tanto, la Fiscalía colombiana confirmó que no procederá a detener a Camargo, al considerar la orden “carente de fundamento jurídico”.
La situación podría escalar a instancias diplomáticas, en medio de crecientes tensiones entre gobiernos latinoamericanos y sectores judiciales acusados de usar el derecho penal contra exfuncionarios anticorrupción.
