Una crisis de seguridad sacude Perú, donde el crimen organizado ha intensificado sus operaciones de extorsión afectando dramáticamente a transportistas, comerciantes y centros educativos. Los últimos reportes oficiales revelan un aumento del 19% en denuncias por chantaje durante el primer cuatrimestre de 2024, alcanzando los 9.097 casos, pese al estado de emergencia vigente en Lima desde marzo.
El rostro humano de la tragedia
Cristina Yachachin, madre de un conductor de buses asesinado en noviembre pasado, personifica el dolor que deja esta violencia. “La vida se me terminó cuando me dieron la noticia”, confiesa la mujer de 70 años, mientras contempla la foto de su hijo Gustavo, víctima de sicarios que atacaron el vehículo de la empresa El Rápido. Este caso forma parte de una lista negra que incluye al menos 19 transportistas ejecutados entre septiembre y mayo.
Economía bajo amenaza
El comercio formal e informal sufre igualmente las consecuencias. Marlith Bailón, dueña de una tienda de ropa en el emporio textil de Gamarra, tuvo que cerrar su local tras recibir exigencias de $3,000 mensuales. “Estoy muerta en vida”, describe la comerciante de 38 años, quien perdió 10 kilos de peso debido al estrés. Situaciones similares han vaciado decenas de locales en esta zona comercial.
Educación interrumpida
El terror ha llegado hasta las aulas. El colegio Pitágoras en Los Olivos suspendió actividades tras recibir amenazas que pedían $160,000. Este caso se repite en más de 500 instituciones educativas a nivel nacional, de las cuales 325 permanecen cerradas indefinidamente según el colectivo Educar con Libertad. Padres de familia relatan la angustia de no saber si sus hijos podrán continuar sus estudios presenciales.
Respuesta estatal en entredicho
El despliegue militar ordenado por el gobierno peruano no ha logrado contener la escalada delictiva. Testimonios recogidos en distintos distritos de Lima revelan un patrón común: negocios que operan a media máquina, transportistas que trabajan bajo permanente amenaza, y familias que modifican su vida cotidiana por miedo a la violencia. La situación evidencia la capacidad de adaptación de las redes criminales, que ahora extienden sus tentáculos hasta los pequeños comercios informales.
Mientras las autoridades buscan fórmulas para recuperar el control, Perú enfrenta una de sus peores crisis de seguridad en años recientes, con un crimen organizado que opera impunemente y una ciudadanía cada vez más desesperanzada.
