El presidente Gustavo Petro manifestó su desacuerdo con la decisión del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el decreto mediante el cual buscaba convocar una consulta popular sin requerir aprobación del Senado. A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que la medida afecta sus facultades constitucionales y los derechos políticos de la ciudadanía.
Discrepancias institucionales
Petro afirmó que solicitó que el caso fuera analizado por la Sala Plena del Consejo de Estado, al considerar que se trata de un asunto de trascendencia nacional que involucra la participación popular. Sin embargo, la Sección Quinta del tribunal optó por imponer una medida cautelar que paraliza temporalmente el decreto presidencial. “Se decidió frenar el trámite sin discutir los argumentos del presidente”, expresó Petro, calificando la situación como un irrespeto a sus derechos surgidos del mandato electoral.
Tensión con el Legislativo
La demanda que originó la suspensión fue interpuesta por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien junto a sectores de oposición argumenta que la Constitución exige el aval del Congreso para este tipo de consultas. Aunque Petro aceptó acatar el fallo “como demócrata”, anunció que presentará los recursos legales correspondientes para defender su posición.
Contexto político
El mandatario vinculó este debate con la actual discusión de la reforma laboral, cuyo texto conciliado se votará este viernes en el Congreso. “El Legislativo tiene la última palabra”, señaló Petro, sugiriendo que la controversia trasciende lo jurídico para convertirse en un pulso político entre el Ejecutivo y el Congreso.
Esta decisión judicial marca un nuevo capítulo en las tensiones institucionales que han caracterizado el gobierno de Petro, particularmente en su relación con las ramas Legislativa y Judicial. Mientras el presidente insiste en mecanismos de participación directa, sus opositores acusan intentos de eludir los controles institucionales establecidos.
