Un juez penal de Quibdó impuso una sentencia de 9 años y 2 meses de prisión contra Alberto Jacinto Vásquez Vásquez, exnotario de San Jacinto (Bolívar), por su participación en el despojo de tierras a comunidades afrodescendientes e indígenas en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó) entre 1996 y 2001. La Fiscalía demostró que el exfuncionario avaló transacciones fraudulentas que permitieron a grupos paramilitares apropiarse ilegalmente de territorios colectivos.
Los hechos
Durante el conflicto armado, las AUC —a través de los bloques Casa Castaño, Elmer Cárdenas y Bananero— forzaron el desplazamiento de familias campesinas mediante amenazas y violencia. Vásquez Vásquez, en su calidad de notario, legalizó compraventas a precios muy por debajo del valor real de los predios, facilitando que los paramilitares se adueñaran de miles de hectáreas. Estas tierras fueron destinadas a cultivos de palma aceitera y ganadería, actividades que devastaron áreas de reserva forestal protegida.
Impacto en las comunidades
- Más de 100 familias fueron desplazadas violentamente de sus territorios ancestrales.
- La deforestación y los monocultivos alteraron ecosistemas críticos en una zona declarada reserva forestal.
- Las víctimas, en su mayoría comunidades afro e indígenas, llevan décadas en procesos de restitución que aún no garantizan su retorno seguro.
La sentencia
Además de la pena privativa de libertad, el exnotario deberá pagar una multa de $2.988 millones por los delitos de desplazamiento forzado y concierto para delinquir. La Fiscalía destacó que esta condena sienta un precedente contra los colaboradores civiles de estructuras armadas que aprovecharon el conflicto para el despojo de tierras.
Contexto actual
El caso forma parte de las investigaciones por macro-criminalidad en Chocó, donde persisten conflictos por tierra y minería ilegal. Organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas exigen que se amplíen las pesquisas contra otros actores —empresarios, testaferros y funcionarios— que habrían facilitado estos crímenes. Mientras tanto, las comunidades afectadas esperan que la sentencia acelere la restitución de sus territorios.
Esta condena evidencia cómo el aparato notarial fue instrumentalizado para blanquear el despojo durante el conflicto, un patrón documentado en regiones como Urabá y Magdalena Medio. La justicia transicional sigue enfrentando el desafío de reparar a las víctimas y desmantelar las redes que perpetuaron la violencia.
