Un tribunal de Antioquia emitió una sentencia sin precedentes contra siete altos directivos de la multinacional bananera Chiquita Brands, declarándolos penalmente responsables por financiar a grupos paramilitares en Colombia durante las décadas de 1990 y 2000. La decisión judicial, de 170 páginas, establece penas de 11 años de prisión y multas individuales de $13.800 millones para los condenados.
Los condenados y sus roles
Entre los sentenciados figuran exgerentes regionales, jefes de seguridad y representantes legales de las subsidiarias Banadex y Bandex. La jueza Diana Lucía Monsalve determinó que conformaron una estructura corporativa que canalizó sistemáticamente recursos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tres exejecutivos fueron absueltos por falta de pruebas contundentes sobre su participación directa.
Mecanismos de financiamiento
La investigación demostró que la empresa utilizó las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir) como fachada legal para transferir fondos. Entre 2001 y 2004 se identificaron 18 pagos documentados por $1.400 millones. Testimonios clave, incluido el del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, revelaron que se estableció una tarifa fija de “tres centavos de dólar por caja exportada”, esquema confirmado por registros contables de la matriz en Cincinnati, Ohio.
Impacto regional y contexto internacional
Los recursos aportados sustentaron operaciones del Bloque Bananero de las AUC en Urabá y Magdalena Medio, regiones donde la compañía mantenía operaciones extensivas. Este fallo complementa la condena que el Departamento de Justicia estadounidense impuso a la corporación en 2007, pero es la primera vez que se individualizan responsabilidades penales a ejecutivos específicos.
Reacciones y significado
Organizaciones de víctimas calificaron el fallo como un hito en la justicia transicional. La magistrada destacó en su decisión que los acusados, por sus cargos directivos, “no podían ignorar el destino final de los pagos”, especialmente tras las advertencias internas sobre vínculos entre las Convivir y grupos armados. El caso sienta un precedente para procesos similares contra empresas acusadas de complicidad en el conflicto armado.
Los condenados tienen derecho a apelar la sentencia. Paralelamente, continúan las investigaciones sobre otros posibles beneficiarios económicos de esta estructura, en un caso que sigue revelando los complejos vínculos entre sectores empresariales y violencia paramilitar en Colombia.
