Los precandidatos presidenciales del Centro Democrático (CD) han anunciado que acudirán a organismos internacionales para impugnar la condena contra el expresidente Álvaro Uribe, sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno de testigos. La decisión se produce en medio de una estrategia jurídica y política que incluye una marcha nacional convocada para el 7 de agosto, coincidiendo con el tercer aniversario del gobierno de Gustavo Petro.
Acciones jurídicas y políticas
La senadora Paloma Valencia, junto con los precandidatos María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Andrés Guerra, afirmó que denunciarán ante foros internacionales lo que califican como “irregularidades procesales” en el caso. Valencia aseguró que el juicio está “politizado” y lo vinculó al senador Iván Cepeda, cercano al gobierno Petro.
El partido contempla varios frentes legales:
- Una tutela que alega violación al debido proceso, presunción de inocencia y dignidad humana, tras la orden de captura inmediata emitida por la jueza Sandra Heredia.
- El rechazo reciente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a suspender dicha orden.
Apoyo internacional y movilización
El CD ha buscado respaldo externo, recibiendo declaraciones del senador estadounidense Marco Rubio, quien expresó “preocupación” por el fallo. Paralelamente, prepara una marcha masiva en Bogotá el próximo miércoles, mientras Petro conmemorará su gestión desde Leticia (Amazonas).
Contexto y reacciones
La defensa de Uribe insiste en que la condena –aún apelable– carece de fundamento, mientras el gobierno pide “respeto a las decisiones judiciales”. Analistas advierten que las acciones del CD podrían polarizar aún más el escenario político, producto de crecientes estrategias políticas para ganar terreno electoral.
La tutela podría definirse esta semana, mientras el expresidente permanece bajo arresto domiciliario. El recurso internacional se presentaría ante la CIDH o la ONU, aunque expertos señalan que estos organismos suelen abstenerse de intervenir en procesos judiciales en curso.
