Más de 50 organizaciones indígenas y de la sociedad civil presentaron una solicitud formal a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) para establecer la Amazonía como la primera zona de exclusión mundial de combustibles fósiles. La petición se realiza durante la V Cumbre de Presidentes de la OTCA, que se celebra esta semana en la capital colombiana.
Contenido de la solicitud
La carta pública, firmada por 20 organizaciones indígenas y 30 grupos de la sociedad civil, argumenta que la Amazonía enfrenta “una arremetida cada vez más amplia de intereses extractivistas”. Las organizaciones citan como ejemplos las concesiones petroleras en la Ronda Sur Oriental, el bloque 59 en Brasil, el lote 64 en Perú y actividades en el Putumayo colombiano.
La propuesta incluye ocho peticiones específicas, entre las que destacan:
- Establecer una moratoria inmediata sobre nuevas licitaciones y adjudicaciones de bloques de exploración.
- Eliminar progresivamente los subsidios públicos a combustibles fósiles.
- Prohibir financiamiento público y privado para proyectos extractivos en el bioma.
Posturas gubernamentales divergentes
Mientras el presidente colombiano Gustavo Petro ha insistido en una transición energética, Brasil ha mostrado interés en expandir su producción petrolera. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestó a favor de la exploración en la Cuenca de Foz do Amazonas, argumentando que puede realizarse de manera ambientalmente responsable.
Perspectiva indígena
Jammer Manihuari Curitima, vicecoordinador de COICA, señaló que “la OTCA no puede dejar pasar esta oportunidad histórica”. Representantes indígenas enfatizaron que la medida sería “un acto de liderazgo real frente a la crisis climática”.
Contexto global
La Amazonía acumula un legado de impactos ambientales por décadas de explotación, incluyendo derrames tóxicos sin remediar y afectaciones a territorios indígenas. Las organizaciones sostienen que la declaratoria protegería el bioma que alberga el 10% de la biodiversidad mundial y regula patrones climáticos globales.
La decisión requeriría consenso unánime entre los ocho países miembros de la OTCA, lo que analistas consideran improbable dada las actuales políticas energéticas divergentes en la región.
