La Corte Constitucional declaró exequible la Ley 2385 de 2024 que prohíbe las corridas de toros, coleo, corralejas y peleas de gallos en todo el territorio nacional. La decisión unánime del alto tribunal rechazó una demanda que cuestionaba el procedimiento legislativo y alegaba violación de derechos fundamentales.
El magistrado ponente Miguel Polo Roreso determinó que el Congreso actuó dentro de sus competencias al aprobar la norma y que esta se ajusta al marco constitucional. La Corte consideró que la ley armoniza adecuadamente los derechos individuales con el interés general, cumpliendo con los mandatos de protección ambiental y bienestar animal derivados de la dignidad humana.
La Procuraduría General de la Nación respaldó la normativa durante el proceso de revisión, argumentando que equilibra los derechos constitucionales con la función social de la propiedad y los derechos adquiridos. El fallo desestima los argumentos de los demandantes que alegaban vulneración del derecho al trabajo, libre desarrollo de la personalidad y libertad empresarial.
Esta decisión marca un hito en la legislación colombiana sobre protección animal, estableciendo la prohibición definitiva de espectáculos que involucren el maltrato animal en todo el territorio nacional. La ley había sido aprobada previamente por el Congreso de la República como resultado de un amplio debate legislativo que consideró aspectos culturales, económicos y de protección animal.
