Aproximadamente 300 familias permanecen confinadas en la zona rural del Bajo Calima, Buenaventura, debido a los enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Los combates, que según un comunicado del ELN iniciaron el 8 de octubre, obstaculizan la movilidad de los habitantes y han generado una crítica situación humanitaria.
La Personería de Buenaventura confirmó la restricción de movimiento que afecta a estas comunidades, imposibilitándolas para abandonar la zona. El ELN, mediante un documento, acusó a las disidencias de actuar en “connivencia con la fuerza pública” y denunció secuestro de lanchas, homicidios y amenazas contra la población civil.
Esta crisis se enmarca en un patrón recurrente de violencia en la región. Según la Defensoría del Pueblo, en mayo pasado más de 4.000 personas sufrieron confinamiento en la misma zona por enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. La defensora Iris Marín Ortiz ha documentado al menos 40 confinamientos masivos, desplazamientos forzados, homicidios selectivos, reclutamiento de menores y siembra de minas antipersonal en el territorio.
