A menos de seis meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo principal organizador es Estados Unidos, la entidad rectora del fútbol no se ha pronunciado sobre la operación militar ejecutada por ese país en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro. Este silencio contrasta con la exclusión inmediata de Rusia de todas sus competiciones tras la invasión a Ucrania en 2022, una sanción que permanece vigente hasta la actualidad.
Según los estatutos de la FIFA, las sanciones a federaciones nacionales están habilitadas únicamente por injerencia gubernamental en la gestión del fútbol o por violaciones estrictamente deportivas. La política exterior agresiva no está tipificada como causal de sanción dentro del marco normativo actual del organismo.
Además, la sede del Mundial 2026 está regida por contratos jurídicamente vinculantes (Hosting Agreements) con Estados Unidos, México y Canadá. Estos acuerdos solo podrían rescindirse o modificarse ante incumplimientos contractuales graves, situaciones de fuerza mayor o riesgos directos para la seguridad del evento, no por hechos geopolíticos externos.
La estrecha relación política y simbólica entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el mandatario estadounidense Donald Trump añade un matiz político al escenario. Trump ha afirmado públicamente que Washington “manejará” Venezuela hasta una transición política, una declaración que no ha generado reacción en el ámbito deportivo internacional.
La conclusión jurídica es que no existe base reglamentaria para sancionar a la federación estadounidense o suspender el Mundial por estas acciones. El evento es visto por el gobierno anfitrión como una herramienta de “sportswashing”, es decir, para proyectar una imagen positiva y desplazar el foco de decisiones políticas controvertidas.
