La Sala Plena de la Corte Constitucional suspendió provisionalmente este jueves el decreto de emergencia económica expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro, mientras se toma una decisión de fondo sobre su constitucionalidad. La votación fue 6 a 2, con los magistrados Vladimir Fernández y Héctor Carvajal en minoría.
La suspensión se basa en una ponencia del magistrado Carlos Camargo, quien identificó “aspectos en los que, en principio, se puede evidenciar una ostensible incompatibilidad con el ordenamiento constitucional”. Entre ellos, el incumplimiento del requisito de que el decreto sea firmado por el presidente y todos sus ministros titulares.
La ponencia señala que varias firmas correspondieron a funcionarios encargados cuyo periodo de encargo habría vencido, como el caso de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, cuyo encargo expiró el 4 de noviembre de 2025 sin evidencia de prórroga. También cuestiona la situación del exministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, cuyo nombramiento fue suspendido por la justicia administrativa, generando incertidumbre sobre su vinculación legal al momento de firmar.
La deliberación se realizó sin la participación del presidente de la Corte, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien se apartó del caso luego de que la Presidencia de la República lo recusara el 21 de enero, argumentando que declaraciones suyas a medios comprometían su imparcialidad. Los magistrados Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel apoyaron la decisión mayoritaria, pero aclararon sus votos.
La suspensión se da mientras la Corte analiza de fondo si el decreto cumple con todos los requisitos constitucionales o debe ser anulado. La emergencia económica, declarada el 22 de diciembre de 2025, buscaba habilitar al gobierno para imponer nuevos impuestos mediante decretos con fuerza de ley.
