El presidente Gustavo Petro denunció que Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, líder de la banda criminal “La Inmaculada”, intentó frenar su extradición a Estados Unidos sobornando funcionarios públicos. A través de la red social X, Petro reiteró al ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, la orden de avanzar con el proceso.
“Tiene usted la orden del presidente de la República de Colombia de extraditar al señor alias ‘Pipe Tuluá’, señor Andrés Marín Silva. Lo hago por intentar comprar funcionarios públicos con dineros públicos para quedarse. La paz no es una mercancía, la paz es un derecho”, escribió el mandatario.
El gobierno ya había autorizado formalmente la extradición, solicitada por una corte federal estadounidense por cargos de narcotráfico internacional, incluyendo conspiración para distribuir cocaína. En noviembre de 2025, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema emitió concepto favorable, considerando cumplidos los requisitos legales.
Alias “Pipe Tuluá” cumple en Colombia una condena de 30 años por 39 homicidios, siete tentativas de asesinato y otros delitos. Las autoridades señalan que continuaba dirigiendo economías ilegales desde prisión, factor que influyó en la decisión de extraditarlo.
El proceso ha estado marcado por graves incidentes de seguridad. Tras un presunto plan de fuga, su traslado desde La Picota desató una ola de violencia en Tuluá (Valle del Cauca), con ataques armados y la imposición de toque de queda. También se registraron amenazas contra funcionarios del Inpec, declarados “objetivo militar” en panfletos atribuidos a la banda.
El ministro Idárraga confirmó que, aunque la defensa aún cuenta con un recurso de apelación, es poco probable que prospere, afirmando que “difícilmente se encontrarán argumentos jurídicos que cambien la decisión del Gobierno”.
