La Procuraduría General de la Nación emitió un concepto dirigido a la Corte Constitucional en el que pide mantener únicamente el apartado relacionado con el aseguramiento en salud dentro del decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el gobierno de Gustavo Petro declaró la emergencia económica en el país. El documento fue presentado en el proceso que tiene como ponente al magistrado Carlos Camargo Assis, donde la medida presidencial se encuentra suspendida provisionalmente.
El Ministerio Público solicitó declarar exequible el decreto “únicamente respecto de los hechos y consideraciones relacionados con la garantía del aseguramiento en salud producto de la equiparación de la unidad de pago por capitación” (UPC), el dinero destinado a cubrir la atención de cada paciente en el sistema de salud.
En contraste, la Procuraduría pide declarar inexequibles los demás componentes de la emergencia económica, entre ellos los recursos dirigidos al sector defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la atención de emergencias por desastres naturales, el pago de sentencias judiciales y las obligaciones atrasadas del Estado.
El ente de control argumenta que el componente de salud debe mantenerse porque “es una de las formas de garantizar el derecho a la salud de los usuarios”. Sustenta su posición en los problemas estructurales del sistema, como los cambios demográficos y el aumento de costos asociados a innovación y desarrollos tecnológicos que dificultan la atención de los ciudadanos.
La Procuraduría recordó que el Estado tiene el deber de dirigir, regular, inspeccionar, vigilar y controlar el sistema de salud, y que se han adoptado medidas como intervenciones a EPS, ajustes regulatorios y activación de competencias de distintas entidades para asegurar cobertura, suministro de medicamentos y agendamiento de citas.
