La Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Iris Marín Ortiz, radicó este martes 10 de marzo una intervención ante el Consejo de Estado con el objetivo de respaldar el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo para la vigencia 2026.
“En ejercicio de su magistratura moral y de su mandato constitucional de promoción y defensa de los derechos humanos, la entidad defendió la legalidad y constitucionalidad del decreto que fijó el salario mínimo para 2026”, señaló la Defensoría a través de un comunicado.
La entidad enfatizó que la discusión en torno al salario mínimo trasciende lo puramente económico y constituye una defensa de la dignidad humana y del derecho a la vida en condiciones justas. Recordó que su actuación se enmarca en la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos.
En su intervención, la Defensoría argumentó que el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro “se ajusta a los parámetros constitucionales desarrollados por la jurisprudencia, particularmente por la Sentencia C-815 de 1999”, norma que establece la obligación del Gobierno de motivar el decreto con base en diversos criterios económicos.
Precisó que la decisión gubernamental está sustentada en criterios legales como la inflación, la productividad, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la contribución de los salarios al ingreso nacional.
Finalmente, la Defensoría instó al Consejo de Estado a “evitar escenarios de desprotección de los derechos laborales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”, y recordó que el salario mínimo no es únicamente una variable económica, “sino un pilar esencial para la dignidad, la estabilidad social y la realización efectiva del Estado Social de Derecho”.
