La cadena de almacenes Lili Pink emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones de la Fiscalía sobre presunto contrabando y lavado de activos, y aseguró que “no existe una declaratoria judicial que lo confirme”. La empresa afirmó que las cifras difundidas por el ente investigador presentan inconsistencias que deberán ser esclarecidas en sede judicial.
Según la empresa, todas las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados, y están ejerciendo su legítimo derecho a la defensa en el marco de una controversia jurídica en curso. El abogado Iván Cancino, defensor de la compañía, señaló que están vinculados a procesos en etapa de investigación penal y de extinción de dominio, y que esperan una decisión judicial en firme.
La Fiscalía, por su parte, entregó detalles de su investigación: habría un entramado de importadoras, comercializadoras y sociedades de fachada para ingresar mercancía como prendas de vestir, juguetes y cosméticos, dándole apariencia de legalidad a la operación. Los hallazgos apuntan a lavado de activos por 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones, y posible contrabando que superaría los 75.000 millones.
Los operativos de la Fiscalía y el Ejército se realizaron en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, afectando 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad. La empresa había reconocido previamente la investigación en curso y solicitado a la Fiscalía y a la SAE proteger la marca colombiana, que genera miles de empleos directos e indirectos.
