La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ratificó este jueves que no levantará automáticamente las órdenes de captura contra 29 jefes del Clan del Golfo que llegarían el 25 de junio a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), en el marco de las negociaciones de paz del gobierno de Gustavo Petro. La decisión fue confirmada tras una reunión de tres horas con el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, que terminó sin acuerdos.
En un comunicado emitido el pasado 12 de mayo, Camargo fue clara: el levantamiento de las órdenes de captura no procederá hasta que haya información clara sobre el avance real de la negociación. “La información remitida a la Fiscalía por parte del Gobierno permite conocer el compromiso de ingreso de algunas personas a las ZUT, pero no permite verificar todavía el contenido de los acuerdos de paz, su cumplimiento efectivo, ni el universo de integrantes que quedaría bajo control institucional”, señaló.
La fiscal agregó que la verificación no puede depender únicamente de lo informado por miembros del grupo, sino que debe ser realizada por autoridades del Estado mediante un mecanismo claro, trazable y verificable. También pidió al Gobierno “respetar” los tratados de extradición internacionales, incluso en medio de las negociaciones, en particular respecto a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, máximo jefe del Clan del Golfo, quien tiene solicitud de extradición de Estados Unidos.
La postura de Camargo generó malestar en la oficina del comisionado Patiño, quien respondió con un comunicado en el que expresó su “rareza” ante la posición de la fiscal. Según Patiño, el levantamiento de las órdenes de captura es automático por la naturaleza de la ley de paz total, y no está sujeto a verificaciones de la Fiscalía que, a su juicio, exceden sus competencias. El desacuerdo entre las dos entidades continúa sin resolverse.
