El senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, presentó ante el Congreso una propuesta para reducir en $100.000 millones el presupuesto de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2027 y trasladar esos recursos al Consejo Superior de la Judicatura.
La intención, según el senador, es utilizar el dinero para crear nuevos despachos judiciales y formalizar cargos en la Rama Judicial, en medio del rezago de procesos que enfrenta la justicia ordinaria. Gómez sostiene que existen cerca de 2,2 millones de procesos pendientes. ([Caracol Radio][1])
¿Qué dijo el presidente?
El presidente Abelardo De La Espriella expresó públicamente su respaldo a la propuesta. En respuesta a la publicación de Enrique Gómez, escribió: “¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!”. ([NTN24][2])
Esto convierte la discusión presupuestal en un asunto político relevante, porque la iniciativa tendría que avanzar dentro del Congreso y contar con los trámites correspondientes para modificar la distribución de los recursos.
¿Cuánto dinero había solicitado la JEP?
Aquí hay un punto importante para entender la controversia.
La JEP había solicitado inicialmente $947.642 millones para 2027, pero en el proyecto de presupuesto quedaron aproximadamente $821.000 millones. Es decir, existe una diferencia de más de $125.000 millones frente a lo solicitado. ([Semana][3])
La propia JEP ha señalado que, descontando aproximadamente $41.000 millones que estaban relacionados con la compra de un inmueble, su necesidad adicional de funcionamiento sería de alrededor de $84.663 millones. ([InfoNación][4])
Por eso, la propuesta de quitar otros $100.000 millones generó una fuerte reacción de la entidad.
¿Qué responde la JEP?
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, cuestionó la iniciativa y advirtió que un nuevo recorte podría afectar el funcionamiento del tribunal.
Ramelli explicó que la JEP está entrando en una etapa particularmente importante: después de varios años de investigación, debe avanzar en el cierre de investigaciones, acusaciones, juzgamiento y seguimiento de las sanciones. Según la entidad, reducir sus recursos podría afectar actividades como la protección de víctimas y comparecientes, presencia territorial, tecnología y otras labores necesarias para cumplir sus funciones. ([La Silla Vacía][5])
Este 18 de septiembre, Ramelli también anunció que la JEP pondrá la situación en conocimiento de la Corte Penal Internacional y pidió atención de la comunidad internacional frente a lo que considera un riesgo para el funcionamiento de la jurisdicción. ([EL ESPECTADOR][6])
¿Cuál es el argumento de cada lado?
Propuesta de Enrique Gómez Posición de la JEP
*Trasladar $100.000 millones a la Rama Judicial. * Mantener recursos suficientes para cumplir su mandato.
*Destinar el dinero a nuevos despachos y cargos judiciales. * Advierte que nuevos recortes afectarían su funcionamiento.
*Señala un rezago de aproximadamente 2,2 millones de procesos en la justicia ordinaria. * Señala necesidades en protección, víctimas, investigación y cumplimiento de sentencias.
*Cuestiona los resultados y costos de la JEP. * Defiende los resultados y las funciones constitucionales de la jurisdicción.
Las afirmaciones críticas sobre los resultados de la JEP corresponden al senador Gómez y deben distinguirse de los datos y argumentos presentados por la propia jurisdicción. ([infobae][7])
¿Qué viene ahora?
La propuesta no equivale todavía a un recorte aprobado. El traslado de los recursos debe avanzar dentro del trámite del Presupuesto General de la Nación y contar con las aprobaciones correspondientes. ([Diario El País][8])
En resumen: el debate no es solamente sobre $100.000 millones, sino sobre cómo distribuir los recursos públicos entre la justicia ordinaria y la justicia transicional, justo cuando la JEP entra en una etapa decisiva de sus investigaciones y procesos.
El dato central podría resumirse así: el Gobierno respalda trasladar $100.000 millones de la JEP a la Rama Judicial, mientras la JEP advierte que nuevos recortes podrían comprometer sus funciones.
