En un dramático giro del caso del secuestro de Lyan Hortúa, el niño de 11 años liberado tras 18 días de cautiverio, las autoridades confirmaron este jueves el asesinato de Antonio Cuadros, primo del padrastro del menor y presunto intermediario en el pago del rescate. El crimen ocurrió en el barrio Bretaña de Cali, apenas un día después de la liberación del pequeño, y ha reavivado las alarmas sobre la violencia de los grupos armados en el Valle del Cauca.
Según declaraciones del personero de Cali, Gerardo Mendoza, Cuadros habría sido clave en las negociaciones con el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, el grupo que mantuvo secuestrado a Lyan en zona rural de Jamundí. “Todo indica que fue él quien entregó el dinero exigido para la liberación”, señaló Mendoza, quien condenó el crimen como un acto de barbarie que profundiza la crisis de seguridad en la región.
El asesinato contradice la versión inicial de las autoridades, que habían atribuido la liberación a una gestión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo con apoyo de Naciones Unidas y la Iglesia Católica. Sin embargo, Sebastián Bonilla, familiar de Lyan, reveló a los medios informativos que la familia terminó pagando el rescate ante la desesperación: “Nos vimos obligados, nos dejaron endeudados”, confesó, sin revelar el monto temiendo por su seguridad.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, habían celebrado previamente la liberación como un triunfo institucional. Pero este nuevo crimen expone la cruda realidad del accionar criminal en la zona: mientras las disidencias mantienen su estructura de secuestros extorsivos, los familiares de las víctimas quedan atrapados entre la desconfianza en las autoridades y el temor a represalias.
El caso de Lyan Hortúa, inicialmente presentado como un ejemplo de coordinación interinstitucional, ha terminado por revelar las fallas en la estrategia de seguridad del gobierno para contener a los grupos armados en el suroccidente del país. Organizaciones humanitarias han alertado sobre el aumento de secuestros en el Valle del Cauca, donde las disidencias operan con impunidad pese a los operativos militares.
Mientras la Policía Nacional inicia investigaciones para esclarecer el asesinato de Cuadros, la familia de Lyan enfrenta ahora una nueva tragedia que evidencia los riesgos colaterales de estos crímenes. El personero Mendoza hizo un llamado urgente: “Cali necesita ser corredor de paz, no podemos permitir que los violentos sigan decidiendo sobre la vida de nuestra gente”.
