Germán Roso, reconocido defensor de derechos campesinos y líder en procesos de restitución de tierras, fue asesinado el 10 de septiembre en la vereda Valle Escondido de Puerto Salgar, Cundinamarca. Según testimonios preliminares, sujetos armados impactaron en múltiples ocasiones al dirigente, quien falleció en el lugar pese a los intentos de auxilio.
Este crimen eleva a 116 el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2025, según registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). La directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, confirmó que Roso había denunciado previamente amenazas en su contra, tanto durante la entrega de tierras en Barrancabermeja como ante autoridades competentes.
Pérez reveló que durante este año se han documentado al menos 11 casos de personas y comunidades amenazadas por recuperar predios administrados por la SAE, muchos de ellos vinculados históricamente a economías ilícitas. La funcionaria exigió intervención urgente de la Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Policía y Ejército para evitar la impunidad.
El crimen ocurre en un contexto donde grupos armados ilegales mantienen mecanismos de control social en Puerto Salgar, ejerciendo presión sobre comunidades campesinas. La Defensoría del Pueblo había alertado previamente sobre el riesgo específico que enfrentan quienes trabajan en defensa de la tierra y derechos colectivos en la región.
La SAE reiteró su compromiso de continuar con la entrega de predios a la Agencia Nacional de Tierras, advirtiendo que no permitirá que la violencia obstaculice los procesos de reforma agraria. El caso evidencia la persistente vulnerabilidad de los líderes sociales en zonas donde confluyen intereses territoriales y presencia de grupos armados.
