El año 2026 inició con un recrudecimiento de la violencia en la región del Catatumbo, Norte de Santander, debido a los enfrentamientos entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La crisis humanitaria, activa desde enero de 2025, ha dejado más de 78.000 personas desplazadas, según la Defensoría del Pueblo.
El 31 de diciembre, un ataque con drones afectó el hospital del corregimiento de Filo Gringo, en el municipio de El Tarra, causando daños en la infraestructura y dejando cinco heridos, incluyendo dos menores. Juan Bitar, director del Instituto Departamental de Salud, confirmó que también hubo disparos. El personal médico solicitó su traslado por temor, lo que ha suspendido la atención regular, limitándola a urgencias.
Carmen García, presidenta de la asociación Madres del Catatumbo, reportó al menos 500 nuevos desplazados de Tibú y El Tarra en los últimos días. “Estamos muy preocupadas por esta situación, porque se están matando entre hermanos, entre tíos y quienes quedamos en medio es la población civil”, declaró, pidiendo un cese inmediato de las confrontaciones.
En respuesta, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado en Tibú y el acompañamiento de una caravana humanitaria. “Activamos una respuesta inmediata, coordinada y contundente para proteger a la población y mantener el control institucional del territorio”, señaló, detallando el refuerzo de la Policía en cascos urbanos y del Ejército en zonas rurales, con apoyo aéreo y blindado.
El nuevo comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, confirmó el despliegue de tropas para “estabilizar la situación y garantizar que estos bandidos que se encuentran en confrontaciones armadas, afectando a la población civil, poderlos sacar del sector”.
La Defensoría del Pueblo exigió atender la crisis humanitaria, recordando las recomendaciones de una alerta temprana emitida en octubre de 2025, e instó a las autoridades a proteger a la población civil, que es la principal afectada.
