El Consejo de Estado frenó la entrada en vigencia del decreto 030 de 2026, con el que el gobierno de Gustavo Petro pretendía reducir los salarios de los congresistas a partir del 20 de julio. El alto tribunal accedió a una medida cautelar solicitada en una demanda que busca tumbar la norma, al considerar que afecta derechos adquiridos y tendría efectos colaterales sobre otros servidores públicos. Todos los magistrados de la Sala se declararon impedidos porque la decisión los impactaría directamente.
El decreto derogaba la norma que establecía una prima especial de servicios para los congresistas, que ascendía a cerca de 16 millones de pesos. El conjuez Santaella, encargado del caso, argumentó que la medida creaba una discriminación injustificada entre funcionarios del mismo cargo según su fecha de vinculación, afectando a quienes ocupan idénticas responsabilidades con diferentes remuneraciones.
La decisión también advirtió que el decreto afectaba la independencia de la rama judicial, al reducir los salarios de los funcionarios judiciales cuyo sueldo se calcula con base en el de los legisladores. El Consejo de Estado señaló que la medida generaba un “riesgo plausible de afectación del clima organizacional, desestímulo de la productividad y pérdida de atractivo de la rama judicial como lugar de trabajo para los mejores profesionales”. La suspensión provisional se mantendrá mientras se resuelve el fondo del asunto.
