El coronel en retiro Juan Carlos Figueroa, quien comandó el Batallón de Infantería La Popa en Valledupar (Cesar) entre 2004 y 2005, aceptó su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 38 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Con esta decisión, evita un juicio adversarial que podía llevarlo a una condena de hasta 20 años de prisión.
Figueroa fue imputado como máximo responsable dentro del subcaso Costa Caribe del caso 03 de la JEP, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP lo acusó formalmente en noviembre de 2023 por 24 hechos en los que 38 personas fueron asesinadas, nueve torturadas y once desaparecidas forzosamente.
Durante una audiencia preparatoria este 27 de enero, el exmilitar declaró: “Acepto la responsabilidad de no saber que mis subalternos estaban asesinando a civiles”. Previamente, su defensa había enviado una carta al magistrado Raúl Sánchez el 19 de enero expresando su interés en reconocer tardíamente su responsabilidad y colaborar con la verdad.
Al aceptar la responsabilidad, Figueroa se somete a una sentencia alternativa que oscilará entre cinco y ocho años de prisión, en lugar de la pena máxima. La diligencia de reconocimiento de responsabilidad quedó programada para el 24 de marzo, y se espera que la sanción definitiva se conozca en un plazo de tres meses. A diferencia de otros 12 exmilitares del mismo batallón sancionados en septiembre de 2025, Figueroa no recibirá una sanción de tipo restaurativo.
