El magistrado Miguel Polo Rosero fue designado como ponente para examinar el decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro. La medida busca atender la crisis por lluvias en departamentos de la Costa Caribe, especialmente Córdoba.
El Gobierno anunció que recaudará cerca de COP 8 billones a través de impuestos, recursos que serán destinados de forma exclusiva a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Se trata de la segunda emergencia declarada por el Ejecutivo en menos de tres meses. La primera fue emitida en diciembre de 2025 y suspendida el 29 de enero por la Sala Plena de la Corte Constitucional, tras una ponencia del magistrado Carlos Camargo. El proyecto de fallo señaló que en ese decreto existen “algunos aspectos en los que, en principio, se puede evidenciar una ostensible incompatibilidad con el ordenamiento constitucional”.
El presidente Petro justificó la primera emergencia por la “incapacidad material y jurídica de garantizar el goce de algunos derechos fundamentales” y por la “no aprobación por parte del Congreso de dos proyectos sucesivos de Ley de Financiamiento para las vigencias fiscales 2025 (COP 12 billones) y 2026 (COP 16,3 billones)”.
