El representante David Cote, del Centro Democrático, propuso un proyecto de ley de carácter estatutario que, aunque se presenta como una herramienta para garantizar el derecho a la movilización pacífica, introduce un esquema de regulación más riguroso para las concentraciones ciudadanas.
La iniciativa establece mecanismos de articulación institucional y justifica la necesidad de resguardar los intereses de terceros, pero sus críticos advierten que impone restricciones que desvirtúan la esencia de la protesta como mecanismo de cambio social.
El texto legislativo otorga mayor peso a la movilidad urbana y a la protección de bienes materiales, por encima del valor político de la manifestación, y utiliza los episodios de 2021 como justificación para aplicar un control más férreo que, en la práctica, podría derivar en una criminalización del descontento social. Quienes se oponen al proyecto señalan que la historia demuestra que los grandes cambios estructurales han nacido precisamente de la presión ciudadana sobre el poder.
Dado su carácter estatutario, la propuesta deberá enfrentar cuatro debates —dos en cada cámara— en el período 2026-2027, y para convertirse en ley necesitará el respaldo mayoritario en todas las instancias legislativas, tanto en comisiones como en plenarias. La discusión ya empieza a marcar las primeras tensiones de la nueva legislatura.
