Los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) cumplirán su medida de aseguramiento en centro carcelario en instalaciones de la Policía Nacional. Bonilla fue trasladado al Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) en Bogotá, mientras que Velasco fue conducido a la Escuela de Carabineros en Cali, por decisión del Inpec.
La magistrada Aura Cristina Rosero Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó su privación de la libertad tras una audiencia, considerándola “urgente, necesaria e idónea”. Esta decisión se tomó a pesar de que la Fiscalía había solicitado medidas diferentes y de que las defensas alegaron colaboración previa, ausencia de riesgo de fuga, edad y salud de los implicados.
Los exfuncionarios están procesados por su presunta participación en una organización criminal que habría desviado aproximadamente 612.000 millones de pesos de la Ungrd. La Fiscalía sostiene que habrían pactado la asignación de proyectos con congresistas para asegurar votos a favor de reformas clave del gobierno.
La imputación por concierto para delinquir, cohecho e interés indebido se basa en las declaraciones de tres testigos colaboradores: María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda; Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd. Estos testigos han suscrito preacuerdos y principios de oportunidad con la Fiscalía.
El caso también involucra a ocho congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, quienes están bajo investigación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, junto con otros altos funcionarios y parlamentarios presuntamente vinculados al desfalco.
