Una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional La Guajira imputó cargos a tres exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a cuatro particulares por su presunta participación en un entramado de corrupción que habría desviado recursos destinados a la atención de comunidades indígenas y rurales en Riohacha y Manaure.
Los exfuncionarios señalados son Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas, quienes actuaron como supervisores de los contratos. Los particulares vinculados son Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira, Pedro Pablo Romero Pinilla y Rosidis Barliza Rivera.
De acuerdo con la investigación, los hechos están relacionados con tres contratos suscritos entre febrero y diciembre de 2019 por la regional La Guajira del ICBF con una asociación privada, cuyo objeto era la atención de población vulnerable con enfoque diferencial para comunidades indígenas, incluido el componente alimentario.
La Fiscalía estableció que los exfuncionarios habrían aprobado actas de revisión y 12 pagos con sobrecostos a favor de la contratista, representada por Barliza Rivera. Los pagos estaban respaldados en facturas y cuentas de cobro de Pérez Romero, Mengual Riveira y Romero Pinilla, quienes fungían como proveedores de alimentos perecederos. Los documentos reflejaban incrementos inusuales en el valor de los productos y raciones.
Mediante esta maniobra, Barliza Rivera habría inflado los informes financieros presentados al ICBF para solicitar mayores desembolsos, generando un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos. Los delitos imputados son peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Ninguno de los implicados aceptó los cargos.
