Mediante resolución ejecutiva del 5 de diciembre, el presidente Gustavo Petro autorizó acercamientos exploratorios con la estructura criminal conocida como “La Inmaculada” u “Oficina de Tuluá”, con el objetivo de verificar su voluntad de paz y eventualmente formalizar diálogos. La decisión se produce paralelamente a la autorización de extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín (“Pipe Tuluá”), principal líder del grupo.
Los funcionarios designados para los contactos son Jorge Arturo Lemus (jefe de la DNI), Ricardo Rey (director de contrainteligencia) y Alexánder Rojas, quienes actuarán bajo instrucciones del Consejero de Paz presidencial. “La Inmaculada” es señalada de delitos como extorsión, narcotráfico, amenazas a funcionarios judiciales y violencia en el municipio vallecaucano.
La estrategia presenta contradicciones aparentes: mientras se inician diálogos exploratorios, se extradita al principal cabecilla. Marín fue capturado en medio de una ola de violencia en Tuluá que incluyó incendios de vehículos y establecimientos comerciales. La Corte Suprema había avalado su extradición el 12 de noviembre por cargos de narcotráfico internacional.
Según análisis de expertos citados en el reporte, estos diálogos urbanos en Tuluá, Buenaventura, Quibdó, Medellín y Barrancabermeja podrían representar “planes B y C” ante posibles rupturas en negociaciones con disidencias mayores. Hasta ahora, solo el proceso de Medellín ha mostrado reducciones significativas en homicidios y extorsión.
El Gobierno carece de un marco jurídico específico para estos procesos, situación que el Ministerio de Justicia evalúa resolver mediante un proyecto de ley de sometimiento de grupos criminales. Esta simultaneidad entre diálogos y extradición plantea interrogantes sobre la coherencia y efectividad de la estrategia de “paz total” en contextos urbanos.
