El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que el Gobierno Nacional ofrecerá hasta COP 50 millones a quienes entreguen información que permita identificar y capturar a responsables de delitos electorales, en el marco de las elecciones legislativas y consultas del 8 de marzo.
La decisión se tomó tras un Consejo de Seguridad y Paz en el que se priorizó combatir la compra de votos y otros delitos electorales. La recompensa aplica para información sobre violencia, amenazas, constreñimiento al votante, corrupción electoral, fraude, suplantación y voto ilegal.
En el consejo participó la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, quien presentó un análisis sobre Norte de Santander por la presencia de ELN, disidencias de las Farc, Clan del Golfo y Los Pachenca. Marín identificó cuatro riesgos: condicionamiento del voto por intimidación de grupos armados a campañas políticas; barreras de acceso a votación por minas antipersona, drones, retenes ilegales, secuestro y falta de transporte público; afectación del censo electoral por desplazamiento forzado desde enero de 2025; y violencia digital por señalamientos a candidaturas atribuyéndoles afinidad con grupos armados.
La Defensoría alertó además sobre ataques contra el Pueblo Barí y constreñimiento a líderes comunales en El Tarra y Tibú para influir en resultados electorales. Marín solicitó garantizar el voto a personas en centros de detención transitoria, restablecer puestos de votación afectados por la ola invernal en Córdoba y asegurar el derecho a la protesta pacífica el Día Internacional de la Mujer, que coincide con la jornada electoral.
