El Ejecutivo nacional insistió este martes en su estrategia de consulta popular al radicar ante el Senado una nueva propuesta que incluye las 12 preguntas originales más cuatro adicionales, en un intento por sortear el rechazo legislativo que hundió la primera iniciativa. Los ministros Armando Benedetti (Interior), Antonio Sanguino (Trabajo) y Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud) llegaron pasadas las 6:00 p.m. a la Secretaría General del Senado para formalizar la solicitud, en lo que representa un nuevo capítulo en el pulso entre el Gobierno y el Legislativo.
“El pueblo debe dirimir este conflicto entre poderes”, afirmó Benedetti al justificar la medida, mientras Sanguino destacó que la nueva versión busca “una pronunciamiento claro y transparente” sobre derechos laborales y acceso a la salud. Las cuatro preguntas añadidas profundizan en estos ejes, aunque el Ministerio del Interior no precisó su contenido específico. El ministro Jaramillo cargó contra el Senado: “Han buscado frenar las reformas, por eso acudimos al pueblo”, dijo en referencia al estancamiento de la reforma a la salud aprobada en la Cámara.
La maniobra ocurre en medio de un tenso escenario político: la primera consulta fracasó el 14 de mayo tras un reñido debate donde la oposición acusó al Gobierno de pretender saltarse al Congreso. Ahora, el Ejecutivo apuesta a que la inclusión de nuevos temas reactive el mecanismo, aunque analistas advierten que enfrenta los mismos obstáculos: falta de consenso y resistencia en sectores del Legislativo. La decisión final recaerá nuevamente en la plenaria del Senado, donde el oficialismo carece de mayoría suficiente.
El hecho marca un inusual segundo intento por usar este mecanismo constitucional en menos de un mes, evidenciando la profundización de la crisis entre ramas del poder. Mientras el Gobierno insiste en que “la primera consulta sigue en puntos suspensivos”, la oposición prepara sus argumentos para lo que anticipan será otro áspero debate legislativo. La jugada también reactiva las advertencias de expertos sobre los riesgos de judicialización, tras las dos tutelas presentadas contra el proceso original.
