El segundo paro nacional de arroceros en 2025 cumple siete días de manifestaciones mientras continúan las negociaciones entre el gobierno y los productores. La mesa de diálogo, liderada por la ministra de Agricultura Martha Carvajalino, busca solucionar la crítica situación generada por la caída en los precios del arroz paddy verde, que ha afectado severamente la rentabilidad del sector.
El problema central gira en torno a la drástica reducción en los ingresos de los productores. Según cifras de Fedearroz, mientras en 2024 una carga de 125 kilogramos se comercializaba a $225.000, actualmente el precio ha bajado a $170.000 en Tolima y $158.000 en los Llanos Orientales, representando una disminución promedio del 25%. Esta situación coincide con la cosecha del segundo semestre, que aporta aproximadamente el 70% de la producción anual.
Las propuestas del gobierno incluyen el establecimiento de precios mínimos diferenciados por regiones, con valores que oscilarían entre $1.508.638 y $1.645.386 por tonelada. Esta medida, aún en proceso de revisión final, busca garantizar márgenes de rentabilidad básicos para los agricultores. Adicionalmente, se contempla la implementación de un plan de ordenamiento productivo y el fortalecimiento de los controles fronterizos para evitar el ingreso de arroz de contrabando, particularmente desde Ecuador.
Los desafíos inmediatos son múltiples. Por un lado, los productores exigen la pronta formalización de los precios mínimos y compromisos concretos de compra por parte de la industria molinera. Por otro, el gobierno debe balancear la protección al sector agrícola con el mantenimiento de precios accesibles para los consumidores finales. La situación se complejiza por la reciente decisión de India de reanudar exportaciones de arroz partido, lo que podría incrementar la presión sobre los precios internacionales.
Declaraciones clave de la ministra Carvajalino resaltan la necesidad de encontrar soluciones estructurales: “El reto como país es mantener la producción de arroz, fundamental para nuestra soberanía alimentaria, sin descuidar el acceso económico de la población a este alimento básico”. Mientras tanto, los bloqueos en vías principales continúan como medida de presión para acelerar los acuerdos.
El desarrollo de estas negociaciones será determinante para el futuro del sector arrocero colombiano, que enfrenta uno de sus momentos más críticos en los últimos años. La capacidad de conciliar intereses entre productores, industria y gobierno marcará el rumbo de las próximas semanas.
