La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su primera sentencia condenatoria contra siete exmiembros del Secretariado de las FARC, imponiendo sanciones de ocho años de trabajos y obras reparadoras por su responsabilidad en 21.936 casos de secuestro. Esta decisión judicial, anunciada el 16 de septiembre, constituye el primer fallo restaurativo del sistema de justicia transicional creado en el Acuerdo de Paz de 2016.
Los sancionados -Rodrigo Londoño Echeverry (“Timochenko”), Jorge Torres Victoria (“Pablo Catatumbo”), Pastor Lisandro Alape (“Pastor Alape”), Milton de Jesús Toncel (“Joaquín Gómez”), Jaime Alberto Parra (“El médico”), Julián Gallo Cubillos (“Carlos Antonio Lozada”) y Rodrigo Granda Escobar (“Ricardo Téllez”)- fueron declarados penalmente responsables como autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo toma de rehenes, privaciones graves de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas.
La JEP determinó que estos delitos se cometieron con tres objetivos principales: financiar la organización ilegal, forzar intercambios por guerrilleros presos y controlar a la población civil. Los secuestros afectaron a 4.325 víctimas acreditadas en todo el país y se caracterizaron por no distinguir “territorios, condiciones de género, edad o condiciones de vulnerabilidad especial”.
El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, destacó el significado histórico de la sentencia: “Los reconocimientos y los aportes a la verdad nos liberan y la justicia se convierte en acciones concretas en los territorios más golpeados por el conflicto armado”. Subrayó que este fallo rompe el silencio sobre los crímenes más graves del conflicto y establece responsabilidades directas.
La sanción se enmarca dentro del macrocaso 01, que investiga las tomas de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las antiguas FARC. Este grupo de siete excomandantes representa los primeros sentenciados entre los 41 exintegrantes imputados por secuestros en la jurisdicción especial.
