Ochenta y cinco integrantes de la fuerza pública participaron este martes en un acto de reconocimiento de responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la muerte de 36 personas, ejecutadas extrajudicialmente en Antioquia entre 2003 y 2008 y presentadas como bajas en combate. La ceremonia, solicitada por las familias, se realizó en el Museo Casa de la Memoria de Medellín con asistencia de unos 80 familiares.
Los comparecientes, que no fueron seleccionados como máximos responsables, pertenecían a cinco unidades de la Cuarta Brigada del Ejército: el Batallón de Infantería N.º 32, el Batallón de Artillería N.º 4, la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 5, el GAULA Antioquia y el GAULA Rionegro. Entre las víctimas había siete menores de edad y dos mujeres.
Según la JEP, este acto forma parte de un procedimiento no sancionatorio que permite a los comparecientes resolver su situación jurídica definitivamente si aportan “verdad plena, detallada y exhaustiva”, reconocen su responsabilidad, realizan acciones reparadoras y se comprometen con la no repetición. La jurisdicción indicó que las familias buscaban limpiar el nombre de sus seres queridos, quienes fueron falsamente señalados como delincuentes para inflar resultados operacionales.
Durante el acto, el compareciente Andrés Cervantes Blanco declaró: “Las víctimas eran parte de nuestra sociedad antioqueña. Queremos limpiar el buen nombre por la difamación y la estigmatización, queremos decir que no se puede justificar sus crímenes. Fallamos en proteger a los más vulnerables”. Luis Fernando Toro Piedrahita, representante de los miembros del Batallón de Artillería, añadió: “Nosotros somos responsables de su dolor. Ellos debieron volver a casa; se los arrebatamos. Montamos una mentira, sus nombres fueron usados injustamente y los hicimos parte de un conflicto al que no pertenecían. Tergiversamos su historia”.
