El presidente Gustavo Petro emitió un ultimátum a su gabinete este sábado: los ministros que se nieguen a firmar el decreto para convocar una consulta popular serán destituidos de inmediato. La advertencia presidencial llega en medio de un intenso debate jurídico sobre la legalidad de esta medida, después de que el Senado rechazara el pasado 14 de mayo la propuesta de consulta para revivir la reforma laboral.
Desde la oposición política han surgido fuertes críticas y amenazas de acciones legales. La representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical anunció que presentará denuncias por prevaricato contra cualquier ministro que rubrique el decreto, argumentando que sería una violación constitucional al ignorar la decisión del Legislativo.
Por su parte, el ministro del Interior Armando Benedetti defendió la posición del gobierno, asegurando que existen “seis vicios constitucionales” en la votación del Senado que justificarían la acción ejecutiva. Mientras tanto, dentro del mismo oficialismo han surgido tensiones, como lo demuestra la disputa pública entre la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico y el presidente del Congreso Efraín Cepeda sobre el procedimiento de apelaciones legislativas.
Este enfrentamiento institucional ocurre en un contexto político clave, con el gobierno buscando mantener vigente su agenda de reformas de cara a las elecciones de 2026 y sectores jurídicos cuestionando los límites del poder ejecutivo para sortear decisiones del Congreso mediante decretos. La crisis ha profundizado la polarización entre las diferentes ramas del poder público y generado incertidumbre sobre el futuro del proceso legislativo.
