La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional por tres meses de Betty Cecilia Anaya, agente interventora de la EPS Capresoca, quien asumió el cargo 13 meses después de que la entidad fuera intervenida por el Gobierno el 7 de octubre de 2024.
El órgano de control también dispuso correr por cinco días el traslado del informe de resultados de una visita administrativa realizada el pasado 29 de enero por la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social. Dicho informe señala el “incumplimiento de los fines objeto de la medida de intervención forzosa administrativa, con grave afectación del derecho fundamental a la salud de los afiliados, el aumento en las barreras de acceso a los servicios de salud y el deterioro financiero de la EPS”.
La Procuraduría comisionó a la asesora Nancy Tiuso Céspedes para que adelante las diligencias procesales durante el término de la investigación, incluyendo la práctica de pruebas que resulten útiles, necesarias y conducentes para el esclarecimiento de los hechos.
Según el organismo, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) aumentaron un 144 % y el número de tutelas se incrementó en un 56 % después de la intervención forzosa de la EPS.
En octubre de 2025, la Superintendencia de Salud prorrogó por un año la intervención de Capresoca EPS mediante la Resolución 2025320030009784-6, extendiendo la medida hasta el 7 de octubre de 2026. La entidad señaló en ese momento que la decisión se debía a que persisten las causales que dieron origen a la intervención inicial. Capresoca EPS cuenta actualmente con cerca de 174.000 afiliados, la mayoría pertenecientes al régimen subsidiado, y su principal departamento de operación es Casanare.
