La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) señaló que podría volver a examinar la situación colombiana si considera que las condiciones que permitieron cerrar su examen preliminar en 2021 cambiaron de manera significativa.
En 2021, la Fiscalía decidió cerrar ese examen porque concluyó que las autoridades colombianas —particularmente la JEP, además de la justicia ordinaria y Justicia y Paz— estaban investigando y procesando de manera genuina los crímenes que son competencia de la Corte.
¿Qué está pasando ahora?
La advertencia aparece en medio de varias discusiones sobre la JEP, especialmente por un posible recorte de más del 20 % de su presupuesto y por planteamientos del Gobierno sobre una eventual salida de Colombia del Estatuto de Roma, tratado que permite la jurisdicción de la CPI.
La preocupación internacional está relacionada con la capacidad de las instituciones colombianas para continuar investigando y sancionando los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado.
De hecho, el 6 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también pidió al Estado colombiano garantizar recursos suficientes para que la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas puedan cumplir adecuadamente sus funciones.
¿Por qué la JEP es tan importante para la CPI?
La JEP fue uno de los elementos centrales para que la Fiscalía de la CPI decidiera cerrar su examen preliminar en 2021.
La CPI había estudiado durante años posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con el conflicto colombiano. Entre los hechos analizados estuvieron homicidios, desplazamiento forzado, secuestro, tortura, violencia sexual y reclutamiento de menores.
La conclusión de 2021 fue que Colombia estaba llevando adelante procesos nacionales y que, por tanto, no era necesario que la CPI iniciara una investigación propia en ese momento.
¿Qué podría hacer cambiar esa decisión?
El acuerdo de cooperación entre Colombia y la Fiscalía de la CPI contempla circunstancias que podrían llevar a reconsiderar la situación.
Entre ellas están posibles obstáculos al avance de procesos judiciales, interferencias indebidas en las instituciones de justicia o modificaciones que afecten el funcionamiento del sistema de justicia transicional.
El propio informe de la Fiscalía señala que el Estado colombiano asumió compromisos relacionados con proteger la estructura de los sistemas de justicia, garantizar los recursos necesarios y evitar interferencias indebidas.
¿Qué pasa si Colombia abandona el Estatuto de Roma?
Este punto es especialmente importante.
La Fiscalía de la CPI ha explicado que una eventual salida de Colombia no eliminaría automáticamente las obligaciones adquiridas mientras el país fue Estado Parte.
Colombia depositó su adhesión al Estatuto de Roma en agosto de 2002 y la jurisdicción sobre determinados crímenes comenzó a operar posteriormente, según las reglas aplicables al país.
Además, una retirada formal no tendría efectos inmediatos: según la Fiscalía, se hace efectiva un año después de la notificación correspondiente y no afecta automáticamente los asuntos que ya estuvieran bajo consideración de la Corte.
¿La CPI ya abrió una nueva investigación?
No.
Este es el punto que más conviene aclarar en una noticia radial:
La CPI no ha anunciado una nueva investigación contra Colombia. La Fiscalía dejó abierta la posibilidad de reconsiderar su decisión de 2021 si identifica un cambio significativo en las circunstancias.
Actualmente, la página oficial de la CPI sigue clasificando el examen preliminar de Colombia como “cerrado – decisión de no proceder”, aunque señala expresamente que podría reconsiderarse ante un cambio significativo de circunstancias.
¿Qué significa esto para Colombia?
En términos sencillos, la advertencia pone nuevamente bajo atención internacional la manera en que Colombia está manejando los procesos relacionados con los crímenes más graves del conflicto armado.
La situación también muestra que las decisiones sobre el presupuesto, funcionamiento y autonomía de la JEP tienen una dimensión que va más allá del debate político interno, porque Colombia mantiene compromisos internacionales en materia de justicia y lucha contra la impunidad.
Además, la relación entre Colombia y la CPI no está rota: en mayo de 2026, una delegación de la Fiscalía de la CPI visitó Bogotá y reafirmó junto con autoridades colombianas el compromiso con la cooperación, la complementariedad y una justicia centrada en las víctimas.
