La Jurisdicción Especial para la Paz pidió este martes al Congreso no aprobar un proyecto de reforma constitucional que plantea revisar automáticamente las sentencias contra integrantes de la Fuerza Pública. La iniciativa, promovida por congresistas del Centro Democrático, propone que el Tribunal Superior Militar y Policial pueda revisar, confirmar, modificar o revocar determinadas decisiones de la JEP.
Durante una audiencia en la Comisión Primera del Senado, la JEP advirtió que la propuesta podría afectar la seguridad jurídica de los comparecientes, generar un conflicto entre jurisdicciones e incluso plantear un problema de sustitución de la Constitución.
Los promotores de la iniciativa, por su parte, defienden que los militares y policías tengan una instancia especializada de revisión. El proyecto continúa su trámite y todavía no ha sido aprobado por el Congreso.
Se trata del Proyecto de Acto Legislativo 04 de 2026, presentado en el Senado. La iniciativa busca modificar el artículo 21 del título transitorio de la Constitución para establecer una revisión automática de las sentencias sancionatorias de la JEP contra integrantes de la Fuerza Pública.
La propuesta plantea que esa revisión esté a cargo del Tribunal Superior Militar y Policial, que podría confirmar, modificar o revocar las decisiones de la JEP. El proyecto señala que el análisis tendría en cuenta el Derecho Internacional Humanitario, el derecho operacional y las garantías constitucionales.
Además, según el texto divulgado, cualquier modificación de la sanción tendría que hacerse en favor del sancionado, es decir, no podría empeorar su situación jurídica.
¿Quién presentó la iniciativa?
La propuesta fue impulsada por congresistas del Centro Democrático. Entre los autores aparecen, entre otros, Rafael Nieto Loaiza, Honorio Henríquez Pinedo, Christian Garcés, Juan Fernando Espinal y otros senadores de esa colectividad.
El argumento central de sus promotores es que los integrantes de la Fuerza Pública sancionados por la JEP deberían contar con una instancia especializada que pueda revisar sus decisiones, particularmente desde las reglas del Derecho Internacional Humanitario y el derecho operacional.
¿Por qué la JEP se opone?
Durante la audiencia, el magistrado Camilo Suárez, de la JEP, pidió que el Congreso no aprobara la iniciativa.
Uno de los principales argumentos es que la JEP fue diseñada como una jurisdicción de cierre para los asuntos de su competencia. Desde esa perspectiva, la JEP cuestiona que un tribunal de la jurisdicción militar pueda revisar, modificar o eventualmente dejar sin efecto decisiones adoptadas por el Tribunal para la Paz.
La JEP también sostiene que la propuesta podría generar inseguridad jurídica para los integrantes de la Fuerza Pública que actualmente comparecen ante esa jurisdicción.
¿Cuál es el problema constitucional que señala la JEP?
El magistrado Suárez planteó que el proyecto podría incluso generar un debate sobre una posible sustitución de la Constitución.
La razón es que, según la posición expuesta por la JEP, cambiar quién tiene la última palabra sobre determinadas decisiones podría alterar elementos esenciales del modelo de justicia transicional establecido después del Acuerdo de Paz.
La JEP también recordó que la Justicia Penal Militar tiene límites constitucionales frente a graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, como crímenes de lesa humanidad.
¿Y qué pasa con las víctimas?
Este es otro punto importante del debate. La discusión no solamente involucra los derechos de militares y policías sancionados.
La JEP ha advertido que modificar el mecanismo de revisión podría tener efectos sobre los derechos de las víctimas y sobre las obligaciones internacionales que Colombia tiene en materia de investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones de derechos humanos.
Por su parte, los promotores del proyecto sostienen que precisamente buscan fortalecer las garantías judiciales de los integrantes de la Fuerza Pública y establecer una revisión especializada.
¿En qué estado está el proyecto?
Es importante aclararlo: el proyecto no está aprobado.
Se trata de un acto legislativo, por lo que, al buscar modificar la Constitución, debe superar el procedimiento especial correspondiente. Actualmente se encuentra en trámite en el Congreso y comenzó su discusión en la Comisión Primera del Senado.
Por eso, lo ocurrido hoy representa una audiencia y discusión política y jurídica, no una decisión definitiva sobre el futuro de la propuesta.