El 25 de septiembre de 2026, el Consejo de Estado decretó, en primera instancia, la pérdida de investidura del exsenador y expresidente del Senado Iván Leonidas Name Vásquez, dentro de un proceso relacionado con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La causal establecida por el tribunal fue tráfico de influencias.
La decisión todavía puede ser apelada, por lo que no se trata de una decisión definitiva.
¿Cuál es el origen del caso?
El proceso gira alrededor de una presunta entrega de $3.000 millones a Name cuando era presidente del Senado.
Según los elementos analizados en el proceso, el dinero habría provenido de recursos relacionados con contratos de la UNGRD y habría sido entregado mediante intermediarios, entre ellos la entonces consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz.
El Consejo de Estado concluyó que Name utilizó su posición como presidente del Senado para influir en el trámite de iniciativas legislativas del Gobierno, entre ellas la reforma pensional, a cambio de esa suma.
Es importante precisar que estas son las conclusiones del proceso de pérdida de investidura; paralelamente existe un proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia.
¿Qué pasa con la investigación penal?
La pérdida de investidura y el proceso penal son actuaciones diferentes.
La Corte Suprema de Justicia había acusado a Iván Name y al exrepresentante Andrés Calle por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, en una investigación relacionada con presuntas irregularidades de la UNGRD.
En octubre de 2025, la Corte confirmó el llamado a juicio contra ambos excongresistas, por lo que el proceso penal continúa por una vía independiente a la decisión del Consejo de Estado.
¿Qué dijo De La Espriella?
El presidente Abelardo De La Espriella se refirió al fallo durante su alocución del domingo 27 de septiembre.
El mandatario calificó la decisión como una señal de la gravedad de los hechos de corrupción investigados y sostuvo que los responsables deben responder ante la justicia.
Además, hizo una propuesta dirigida a la justicia: que se evalúe la posibilidad de establecer negociaciones o beneficios para personas investigadas por corrupción que colaboren y entreguen pruebas contra otros involucrados.
De La Espriella planteó que quienes colaboren efectivamente con la justicia podrían recibir un castigo atenuado, según los mecanismos que legalmente correspondan. Esta es una propuesta expresada por el presidente; no significa que se haya creado automáticamente un nuevo mecanismo de beneficios ni que los investigados tengan garantizada una reducción de penas.
¿Por qué el caso es políticamente relevante?
La decisión vuelve a poner bajo atención el escándalo de la UNGRD y las acusaciones sobre el supuesto uso de recursos públicos para influir en decisiones del Congreso.
También ha generado nuevas reacciones de personas mencionadas en el expediente. Por ejemplo, la exsenadora María José Pizarro se pronunció este 28 de septiembre después de que su nombre apareciera numerosas veces en la sentencia. Pizarro afirmó que las referencias corresponden a su participación como vicepresidenta del Senado y negó tener relación con las actuaciones atribuidas a Name.
¿Qué viene ahora?
Hay dos caminos que deben diferenciarse:
1. Proceso de pérdida de investidura:
La decisión del Consejo de Estado es de primera instancia y puede ser recurrida ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
2. Proceso penal:
La investigación de la Corte Suprema continúa de manera independiente para determinar la eventual responsabilidad penal de Name por los delitos que se le atribuyen.
En pocas palabras
El punto central de la noticia es que el Consejo de Estado encontró acreditada, en primera instancia, una causal de pérdida de investidura contra Iván Name por tráfico de influencias relacionada con el caso UNGRD. Tras conocer la decisión, De La Espriella pidió que se avance en las investigaciones de corrupción y propuso estudiar beneficios para quienes colaboren con la justicia aportando pruebas. El fallo todavía puede ser apelado y el proceso penal sigue su propio curso.
