El presidente Gustavo Petro anunció un aumento del 23% en el salario mínimo para 2026, fijándolo en 1.750.905 pesos, más un auxilio de transporte de 249.095 pesos, sumando un total de dos millones de pesos. La decisión, tomada tras no alcanzarse un acuerdo en mesas de negociación, generó reacciones contrastantes en la clase política.
El expresidente Iván Duque calificó la medida como un “acto de irresponsabilidad” que, según su visión, “conducirá a la pérdida de puestos de trabajo formales, quebrará miles de empresas y causará efectos inflacionarios”. Desde el Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal afirmó que esto llevaría a “más desempleo y exilio de supervivencia”, mientras el representante Andrés Forero señaló que se busca “acabar con la clase media”.
El precandidato Mauricio Cárdenas sugirió que la intención del mandatario es que “le genere votos el año entrante”, advirtiendo sobre posibles afectaciones a pequeños y medianos empresarios. El senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) criticó la simultaneidad del anuncio con la declaratoria de emergencia económica para subir impuestos.
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió el aumento, afirmando que “la economía va muy bien” y que es un incremento “justo para la clase obrera”. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, subrayó que se trata del inicio de “la era del salario vital para Colombia” y del cumplimiento de compromisos con la Organización Internacional del Trabajo.
El exministro y candidato presidencial Juan Fernando Cristo reconoció una política previa exitosa, pero consideró que este aumento “genera un riesgo enorme de crecimiento de la informalidad y el desempleo”. En contraste, la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico) calificó el incremento de “histórico”, negando que vaya a destruir empleo. El exministro y precandidato Luis Gilberto Murillo aplaudió la decisión, señalando que “ese ingreso debe permitir vivir con dignidad”.
