La decisión del Consejo Nacional Electoral de sancionar la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez por exceder en aproximadamente 3.000 millones de pesos los topes de financiación ha desatado fuertes reacciones políticas. El fallo, aprobado por seis votos contra tres, impone multas por 6.000 millones de pesos a Ricardo Roa (gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol), Lucy Mogollón (tesorera) y Lucy Soto (auditora), además de sanciones superiores a 583 millones de pesos a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
Desde el oficialismo, el ministro del Interior Armando Benedetti calificó la decisión como un “ataque político en época de campaña”, argumentando que el CNE “siempre ha sido opositor al Gobierno”. La senadora Gloria Flórez, presidenta de Colombia Humana, afirmó que “buscan destruir el proyecto del cambio”, por lo que convocó a defender al “Gobierno del cambio”.
La Unión Patriótica emitió un comunicado señalando que el fallo “vulnera la legalidad, la seguridad jurídica y las garantías democráticas”, advirtiendo que afecta la estabilidad institucional y el proceso de fusión del Pacto Histórico.
Desde la oposición, la senadora Paloma Valencia afirmó que el CNE reconoció “lo que todo el país sabe” y solicitó la publicación de los informes completos de la UIAF sobre las cuentas de Ricardo Roa. El exsenador Miguel Uribe Londoño sostuvo que el presidente “llegó al poder financiando su campaña de forma ilegal”, mientras la senadora Paola Holguín recordó que el artículo 109 de la Constitución establece la pérdida de investidura como sanción por violación de topes electorales.
El fallo mantiene en suspenso adicional la decisión sobre la personería jurídica del Pacto Histórico, agregando incertidumbre al escenario electoral de 2026. El Presidente Petro rechazó la decisión del Consejo Nacional Electoral, afirmando: “Nosotros no aceptamos esa decisión administrativa. Es la oposición multándonos”.
