Un intenso operativo de búsqueda se desarrolla en Jamundí, Valle del Cauca, tras el secuestro de un menor de 11 años ocurrido el sábado por la noche en la zona rural de Potrerito. El niño fue arrebatado a su madre cuando salían de un centro religioso, en un acto que las autoridades calificaron como “un crimen de lesa humanidad”.
El director general de la Policía, general Carlos Fernando Triana, confirmó el despliegue de todos los recursos disponibles para localizar al menor, incluyendo unidades especializadas y apoyo aéreo. Mientras tanto, la gobernadora Dilian Francisca Toro ofreció una recompensa de 200 millones de pesos por información que lleve a su paradero y solicitó la intervención de organismos internacionales como la Cruz Roja y la ONU.
La zona donde ocurrió el hecho es escenario de disputas entre grupos armados, incluyendo disidencias de las FARC y estructuras criminales dedicadas al narcotráfico. Aunque ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad, las autoridades investigan posibles conexiones con redes de extorsión que operan en el suroccidente del país.
La Fiscalía General de la Nación activó sus protocolos para delitos contra menores, mientras la comunidad local ha organizado brigadas de búsqueda. El caso ha generado una ola de indignación en todo el territorio nacional, con llamados a priorizar la protección de la niñez en medio del conflicto armado.
En declaraciones a los medios, la madre del menor, quien recibe protección policial, hizo un emotivo llamado: “No entendemos por qué se lo llevaron, sólo queremos que nuestro hijo regrese sano y salvo”. Las próximas horas serán cruciales para el desarrollo de las investigaciones y la posible localización del niño.
