El presidente Gustavo Petro formalizó este miércoles el decreto que convoca a una consulta popular sobre su reforma laboral, una controvertida medida que busca llevar a las urnas el próximo 7 de agosto las propuestas que el Congreso rechazó el pasado 14 de mayo. La decisión, anunciada a través de sus redes sociales, llega en medio de una aguda crisis política y de seguridad en el país.
El mandatario condicionó la posible anulación del decreto a que el Senado aprobara este miércoles la reforma con los “mínimos exigidos” por el gobierno. “Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo son respondidos positivamente por el Congreso”, señaló Petro. El documento ya fue enviado a la Corte Constitucional para su revisión, mientras la Registraduría Nacional inicia los preparativos para la posible votación.
Esta acción presidencial ha generado un fuerte rechazo en la oposición, que ya anunció impugnaciones ante el Consejo de Estado. Los críticos argumentan que el decreto viola el artículo 104 de la Constitución, que establece la necesidad de aprobación legislativa previa para este tipo de consultas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, defensor de la medida, admitió que busca presionar al Legislativo: “Si hay concertación, el decreto pierde razón de ser”.
Mientras el senador Miguel Uribe sigue en cuidados intensivos tras el atentado del 7 de junio, varias regiones del país, particularmente el suroccidente, enfrentan una escalada de violencia que ha dejado al menos seis muertos en los últimos días. Analistas políticos advierten que esta medida sin precedentes recientes podría marcar un punto de inflexión en las relaciones entre los poderes públicos, con posibles repercusiones para la estabilidad institucional.
La Corte Constitucional tendrá ahora la palabra definitiva sobre la validez del decreto, en una decisión que podría establecer un importante precedente sobre los límites del poder presidencial en materia de consultas populares. El país se prepara para lo que podría convertirse en una de las mayores confrontaciones institucionales del actual gobierno.
