El Tribunal Superior de Bogotá ordenó prisión preventiva para Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El magistrado Leonel Rogeles determinó que existen suficientes elementos probatorios para vincularlo con los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos.
Acusaciones clave
Según la Fiscalía, González Merchán habría utilizado su posición en el Dapre para ordenar el pago de sobornos a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara), con el fin de acelerar la aprobación de proyectos del gobierno. Los presuntos pagos, que habrían sumado $4.000 millones en efectivo ($3.000 millones para Name y $1.000 millones para Calle), se realizaron con fondos públicos de la Ungrd. El testimonio del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, ha sido fundamental para la investigación, ya que detalló cómo se coordinaron las entregas de dinero.
Detalles de la investigación
Las pruebas incluyen reuniones registradas en video, como la que ocurrió en las Residencias Tequendama en septiembre de 2023, donde Sandra Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, habría entregado el dinero a Name. López también reveló que González Merchán estuvo al tanto de estos movimientos, lo que refuerza la teoría de su participación directa en el esquema de corrupción.
Contexto político
González Merchán, cercano al presidente Gustavo Petro, enfrenta los cargos en medio de un escándalo que ha sacudido al gobierno. Su prisión preventiva marca un giro significativo en el caso, que ya tiene a Name y Calle detenidos desde mayo. La decisión judicial subraya la gravedad de los cargos y la influencia que habría ejercido el exfuncionario en las altas esferas del poder.
Mientras González Merchán permanece en prisión, la Fiscalía continúa recopilando evidencia para sustentar su caso. El fallo también aumenta la presión sobre otros implicados, incluidos funcionarios públicos y contratistas, en uno de los escándalos de corrupción más resonantes de los últimos años.
