La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó este 19 de agosto la liberación del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien permanecía en prisión domiciliaria tras ser condenado en primera instancia a 12 años por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La decisión se fundamentó en vicios procesales en la imposición de la medida cautelar, aunque no modifica el fondo de la condena.
Fundamentos jurídicos
El tribunal determinó que la jueza 44 Sandra Heredia utilizó criterios “vagos e indeterminados” al justificar la necesidad de la prisión domiciliaria. En su fallo original, la magistrada había argumentado que la medida era necesaria “dada la gravedad de los delitos como el soborno en actuación penal y el fraude procesal, porque afectaron la credibilidad institucional y la confianza ciudadana en la justicia, lo que requiere una respuesta ejemplarizante”.
Asimismo, la jueza había argumentado en primera instancia que, si bien el expresidente “asistió puntualmente a las citaciones, en etapas iniciales su defensor desplegó estrategias dilatorias para impedir el inicio del juicio y el inculpado ostenta de un reconocimiento internacional que facilitan una eventual evasión o salida del país”.
La Sala Penal consideró que estos argumentos carecían de precisión jurídica, señalando que “la naturaleza de las conductas imputadas afectó a sujetos específicos, no al conglomerado social en abstracto”. El tribunal enfatizó que la decisión no prejuzga el resultado de la segunda instancia, que deberá resolver sobre la condena misma.
Contexto procesal
Uribe Vélez fue condenado el 28 de julio por su participación en una red de soborno a testigos. La defensa interpuso una tutela argumentando que la jueza Heredia no fundamentó adecuadamente la necesidad de la prisión preventiva. El Tribunal Superior acogió este argumento, aunque mantiene vigentes los cargos y la condena hasta que se resuelva la apelación.
El proceso continuará su curso en segunda instancia ante el mismo Tribunal Superior de Bogotá, que deberá revisar el fondo del caso. La defensa del expresidente tiene hasta el 30 de agosto para presentar sus alegatos de apelación, mientras la Fiscalía defenderá la condena de primera instancia.
