La Procuraduría General de la Nación ratificó en segunda instancia la sanción de destitución e inhabilidad por diez años contra el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán. El fallo determina que el excanciller incurrió en una falta gravísima al declarar desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes en 2023.
Según el ente de control, la decisión de Leyva careció de fundamentación legal y vulneró los principios de contratación estatal. La investigación disciplinaria estableció que la Unión Temporal Pasaportes 2023, único oferente en el proceso, cumplía con todos los requisitos técnicos y había obtenido puntaje máximo en la evaluación, por lo que no existían razones jurídicas para declarar desierto el proceso.
El Ministerio Público destacó que la medida adoptada por el entonces canciller desconoció los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación pública. La licitación, que contemplaba una inversión de aproximadamente 600.000 millones de pesos para la actualización del modelo de pasaportes, fue suspendida abruptamente en septiembre de 2023 por orden directa de Leyva Durán.
La Procuraduría calificó la conducta del exfuncionario como dolosa, al determinar que su decisión no tuvo como finalidad garantizar una selección objetiva del contratista, como establecen las normas de contratación estatal. Esta sanción se produce en el marco del proceso disciplinario adelantado por el caso de la licitación de pasaportes durante su gestión al frente de la Cancillería.
