La Procuraduría General de la Nación impuso medida suspensiva provisional contra el general Juan Miguel Huertas Herrera, comandante de Personal del Ejército, y contra Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), como parte de la investigación por presuntas filtraciones de información a las disidencias de las FARC bajo el mando de alias “Calarcá”.
La decisión del organismo de control, anunciada el 24 de noviembre, busca evitar posibles interferencias en el proceso investigativo y la reiteración de las conductas objeto de investigación. La resolución destaca que las posiciones jerárquicas de ambos investigados les proporcionan acceso privilegiado a información sensible que podría afectar el desarrollo de las indagatorias.
Las evidencias que sustentan la investigación proceden de dispositivos electrónicos incautados durante la captura de “Calarcá” en julio de 2024 en Anorí, Antioquia. Según los reportes periodísticos, en dichos materiales se encontraron comunicaciones donde se proponía la creación de una empresa de seguridad aparentemente legal que facilitaría la movilidad del grupo armado.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que acatarán la determinación de la Procuraduría y que su cartera mantiene una investigación paralela sobre los hechos. La suspensión se produce tras las revelaciones públicas sobre el presunto entramado entre funcionarios estatales y la estructura ilegal.
