La Defensoría del Pueblo alertó sobre el significativo incremento de violencia contra mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos en Colombia, especialmente en los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó y Antioquia. Según el informe “Lideresas en riesgo”, presentado en el marco del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, entre enero y agosto de 2025 se registraron 638 homicidios de mujeres, lo que representa un aumento del 176% en comparación con el mismo período de 2024.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, destacó la urgencia de garantizar protección efectiva para las mujeres que ejercen liderazgo social. “Cada mujer que alza la voz por la justicia y por la defensa de los derechos humanos requiere y tiene derecho a garantías plenas para ejercer su liderazgo sin miedo”, afirmó durante la presentación del documento.
El análisis departamental evidencia una crítica escalada de violencia: Antioquia registró 379 feminicidios, frente a 110 en 2024; Nariño pasó de 38 a 119 casos; Cauca aumentó de 67 a 112, mientras que en Chocó disminuyó levemente de 250 a 224, pero mantiene niveles alarmantes
Entre los factores identificados como causantes de esta situación se encuentran la reconfiguración de grupos armados, la utilización de violencias de género como mecanismo de control territorial, y la afectación diferenciada hacia mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales y de la comunidad LGBTIQ+.
El informe revela además un preocupante incumplimiento de las recomendaciones de protección emitidas por la Defensoría, con solo 6% implementadas totalmente, 42% pendientes y 14% sin avances verificables. Entre las principales falencias institucionales se señalan la falta de articulación entre entidades gubernamentales, medidas de protección inadecuadas para contextos rurales, alta rotación de funcionarios y déficit presupuestal.
La Defensoría hizo un llamado urgente al Ministerio del Interior, Ministerio de Igualdad, Unidad Nacional de Protección y Fiscalía General para fortalecer la respuesta estatal, cualificar las investigaciones y reducir los altos niveles de impunidad en los casos de violencia contra lideresas.
