El Ejecutivo avanza en la construcción de un decreto que definirá el “Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos”, una política con vigencia proyectada hasta 2036. El borrador del acto administrativo se encuentra en etapa de consultas y delinea una serie de cambios en distintas áreas, entre ellas el acceso a la propiedad rural.
Uno de los puntos más destacados del texto es el relacionado con la reforma agraria (Acción 2.1.4). Con el acompañamiento de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH, el Gobierno plantea impulsar medidas para cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz de 2016.
En el borrador se propone elaborar un censo de inmuebles que hayan sido objeto de extinción de dominio en municipios priorizados, agilizar los procesos judiciales correspondientes y facilitar la transferencia anticipada de aquellos predios con medidas cautelares a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Una vez en manos de la entidad, estos terrenos serían adjudicados a campesinos sin tierra o a comunidades étnicas beneficiarias de la reforma rural. El documento también contempla acciones similares para recuperar baldíos con el mismo propósito.
El plan, cuya versión inicial data de 2018, incluye además medidas en sectores como salud y educación, construidas con organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos.
Otro apartado del borrador aborda la ejecución de grandes proyectos de infraestructura y operaciones empresariales. Allí se plantea la realización de un estudio para evaluar los impactos negativos de estas iniciativas sobre la disponibilidad de alimentos y las condiciones de vida de las poblaciones en situación de pobreza en las zonas donde se desarrollan. El análisis deberá incluir recomendaciones para establecer obligaciones de debida diligencia por parte de las autoridades responsables y las empresas, en la identificación y gestión de los riesgos de afectación a los derechos económicos y sociales de las comunidades en sus áreas de influencia.
